Redacción Voz de la Diáspora
Estados Unidos – En Estados Unidos, más de 1.4 millones de personas enfrentan órdenes finales de deportación, según cifras recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre ellos, al menos 203,882 salvadoreños se encuentran en esta situación, representando el 14% del total de personas deportables. Este grupo podría ser parte de una primera oleada de deportaciones del nuevo gobierno de Donald Trump. Los salvadoreños ocupan la cuarta posición entre las nacionalidades con más órdenes de deportación, después de Honduras, Guatemala y México.
El registro de ICE incluye tanto a personas con órdenes finales de deportación como a aquellas en proceso legal, pero que no están bajo custodia. Según el Pew Research Center, la comunidad salvadoreña es la tercera más grande entre los hispanos en Estados Unidos, representando el 4% de este grupo. Los estados con mayor concentración de salvadoreños son California, Texas, Maryland, Nueva York y Virginia, mientras que la tendencia general hispana prioriza estados como Florida y Arizona.
La base de datos de ICE abarca más de 7 millones de casos, incluyendo personas detenidas por otras autoridades. Sin embargo, no todos los casos son ejecutables de inmediato debido a apelaciones, protecciones legales como el asilo o el TPS, y restricciones de cooperación por parte de ciertos países. Un ejemplo es El Salvador, con más de 180,000 beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, que impide su deportación inmediata.
ICE ha señalado que aproximadamente el 55% de las órdenes finales son factibles de ejecutar, pero este porcentaje puede variar según los cambios en los casos. Además, varios países dificultan las deportaciones al no aceptar vuelos de ciudadanos devueltos. En la lista de países no cooperativos figuran naciones como Cuba, China y Venezuela, mientras que otros, como Nicaragua y Camboya, están en riesgo de incumplir con este proceso.
En este contexto, los no ciudadanos afectados buscan alternativas legales para evitar la deportación, incluyendo solicitudes de asilo y otras formas de protección. Estas medidas representan un alivio temporal para muchos, pero también reflejan las complejidades del sistema migratorio y las tensiones diplomáticas que influyen en el cumplimiento de las deportaciones.