Por Cindy Castillo
Por Cindy CastilloEl 19 de enero pasado, el venezolano Yordi Rafael Losada, asesinó a su pareja Diana Carolina Ramírez Reyes, que estaba embarazada en la ciudad de Ibarra, Ecuador. El crimen ocurrió frente docenas de personas que intentaron persuadir al venezolano y quedó registrado en videos que luego se volvieron virales en las redes sociales.
De acuerdo a la información de los medios de comunicación locales y la policía, nadie pudo evitar la tragedia. El venezolano que había retenido a su mujer por más de 90 minutos, antes de apuñalarla, fue arrestado poco después del crimen.
El hecho enfureció a los ecuatorianos. Por dos días, grupos enfurecidos de la ciudad, que está ubicada a 75 kilómetros al norte de la capital, emprendieron una verdadera y cruel cacería de venezolanos. Las turbas desalojaron con violencia hasta los turistas de refugios, hostales e incluso de casas rentadas.
La policía a penas pudo controlar la situación. Fue hasta la madrugada del segundo día que patrullas militares impusieron orden y pudieron contener a la población enardecida.
Muchos calificaron estas acciones como xenofóbicas contra de los venezolanos radicados en territorio ecuatoriano. El Gobierno de Venezuela dispuso tres vuelos comerciales para que sus ciudadanos migrantes puedieran retornar bajo un sistema de protección social. Los que aceptaron la ayuda, viajaron hasta la capital para abordar los vuelos del Plan Vuelta a la Patria.
El gobierno ecuatoriano anunció una semana después, que apartir de los lamentables hechos, exigirá la presentación obligatoria e inmediata del historial judicial a todos los venezolanos que quieran ingresar al país, como medida de seguridad.
El anuncio de las nuevas disposiciones migratorias que se impondrán únicamente a los venezolanos lo hizo el vicepresidente Otto Sonnenholzner, en cadena de radio y televisión, y según el funcionario, la medida se da por motivos de seguridad ciudadana, como resultado del crimen y por la separación de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones.
«Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar información de quienes llegan al país. Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Nicolás Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir”, dijo el vicepresidente en su discurso.
Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, Daniel Regalado, dijo en una rueda de prensa que para obtener el documento exigido por Ecuador sus compatriotas requerirían al menos seis meses, entre otras razones, por “la ausencia de funcionarios públicos que agilicen este trámite” en suelo venezolano.
Mientras tanto, el canciller venezolano Jorge Arreaza, dijo desde Caracas que el gobierno del presidente Lenín Moreno debe asumir la responsabilidad por la violencia ocurrida y los ataques en contra de sus compatriotas e instó a las autoridades ecuatorianas a una reunión bilateral para tratar la situación.
Arreaza además, acusó a Moreno y otros funcionarios ecuatorianos de incentivar la situación y de darle “más combustible al fuego de la xenofobia violando la legislación internacional”.
Pero las reacciones que este caso desencadenó son muchas más. Leonardo Aguirre, un venezolano que vive en El Salvador desde hace dos años, asegura que “esto marca un antes y después en la manera de convivir del venezolano».
Y continúa: «En este caso específico de Ecuador, las reacciones de extrema xenofobia que se vivieron a partir de un acto de violencia que nada tiene que ver con el origen de la persona y la manera tan despreciable, poco humana, con la que los gobernantes tomaron una postura irresponsable desde todo punto de vista, son tristes. En el mundo entero encontraremos gente buena y mala”.
En un comunicado enviado a través de la cancillería ecuatoriana, cinco asociaciones venezolanas, rechazaron de manera categórica el asesinato y “cualquier tipo de xenofobia o discriminación que pueda nacer a partir de los sucesos ocurridos en Ibarra».
Además, reiteraron su repudio a cualquier tipo de delito que se cometa en Ecuador. «Venga de donde venga, y hacemos un nuevo llamado a las autoridades para que trabajemos en conjunto en programas de atención al migrante, sin distingo de nacionalidad”.
El crimen además de repudio y xenofobia, causó la destitución de Marisol Peñafiel, gobernadora de Imbabura, capital de Ibarra, de la cúpula de la Policía, por el mal manejo de la situación y la irresponsabilidad con la que actuaron las autoridades ante el caso.
En los últimos años, miles de venezolanos han llegado a Ecuador, huyendo de la difícil situación económica y social que viven en su país. La mayor parte ellos, ha logrado integrarse sin inconvenientes en la sociedad ecuatoriana. Otros miles han seguido su viaje a Perú, Colombia, Chile e incluso a destinos más lejanos como Argentina y Brasil.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que más 2.3 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015 por la crisis que se vive en esa nación, ante la escasez de alimentos, medicinas y las pocas posibilidades de encontrar un empleo.
