Redacción Voz de la Diáspora
El cierre de la Voz de América VOA ha generado preocupación en la comunidad internacional por el impacto que esta medida tiene en la libertad de prensa, y el acceso a información veraz para millones de personas alrededor del mundo.
Diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa han expresado su rechazo ante la decisión de la administración del presidente Donald Trump de cerrar la Voz de América.
La medida, implementada mediante una orden ejecutiva el pasado 15 de marzo de 2025 que también implica el retiro del financiamiento federal, incluye a otros medios costeados por el gobierno estadounidense como Radio Free Europe, Radio Free Asia y Radio y TV Martí.
Una de las primeras organizaciones en reaccionar fue la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, opuesta al cierre. “La decisión no sólo afecta a los periodistas de estos medios sino a millones de ciudadanos que dependen de estos servicios para acceder a información importante que sus gobiernos quieren ocultar”, señaló en un comunicado.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, destacó la relevancia de estos medios en la difusión de noticias objetivas en países con regímenes autoritarios.
“Desfinanciar a VOA es acallar la voz de pueblos oprimidos, apagar una luz de esperanza en vastas regiones de Latinoamérica que padecen el autoritarismo, la violencia ejercida desde el poder, las carencias más extremas. VOA contribuyó en estos años a acercar la realidad a multitud de desiertos informativos y a abrir una ventana al mundo para periodistas y medios locales y organizaciones comunitarias que no tienen otro modo de hacer conocer su trabajo fuera de sus países”, afirmó Carlos Jornet, vicepresidente segundo y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Reporteros Sin Fronteras RSF también se sumó al llamado, indicando que el cierre de VOA representa una amenaza a la libertad de prensa y refleja un cambio en la diplomacia estadounidense, que ya no prioriza la defensa de las libertades fundamentales.
“Los medios de comunicación de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales USAGM desempeñan un papel crucial en entornos particularmente hostiles a la libertad de prensa, como Bielorrusia, Camboya, China, Corea del Norte, Laos, Rusia y Vietnam. Actualmente, nueve de los diez empleados de USAGM encarcelados en el mundo son periodistas: cuatro en Vietnam, dos en Rusia, uno en Bielorrusia, uno en Azerbaiyán y uno en Birmania. Dejarlos a su suerte los expone a un grave peligro”, señala Reporteros Sin Fronteras en un comunicado.
RSF afirma que en solo dos meses, la administración Trump ha acabado con décadas de compromiso histórico de Estados Unidos con la libertad de prensa, lo que amenaza la integridad democrática del país.
En ese contexto, la organización hizo un llamado urgente al Congreso estadounidense y a la comunidad internacional para proteger al periodismo independiente en EE.UU.
De igual manera, la Federación Internacional de Periodistas FIP, rechazó el despido de más de 1.300 comunicadores de la agencia Voz de América y otras emisoras y medios financiados por el gobierno de los Estados Unidos.
El pronunciamiento de la FIP destaca que la pérdida de puestos de trabajo en los medios de comunicación siempre tiene un impacto directo en los derechos a la información y a la libre expresión, y más aún si la situación ha sido alentada por uno de los gobiernos más poderosos del planeta.
“Cientos de medios a nivel global también han sido afectados por la suspensión de fondos de agencias de financiamiento estadounidenses, lo cual refuerza la necesidad de construir medios cuya sostenibilidad no esté atada de la agenda de los gobiernos de turno. La FIP se solidariza con todos los colegas afectados y rechaza la arbitrariedad de las medidas tomadas”, manifiesta el comunicado.
Periodistas de VOA demandan a la administración Trump
Los comunicadores despedidos de la VOA y sus sindicatos interpusieron una demanda contra la administración Trump bajo el argumento que el cierre de esas agencias de noticias financiadas por Estados Unidos viola sus derechos de la Primera Enmienda y las leyes federales.
Tras una audiencia realizada el viernes pasado, el juez federal J. Paul Oetken, del Tribunal de Distrito de Manhattan falló a favor de los demandantes, y decidió suspender de manera temporal la decisión de la administración de Trump de cerrar la Voz de América.
Andrew G. Celli Jr., abogado de los periodistas que presentaron la demanda, dijo que el juez dejó claro durante la audiencia que emitiría una orden de restricción temporal.
“Esta es una victoria decisiva para la libertad de prensa y la Primera Enmienda, y una dura reprimenda a una administración que ha mostrado un total desprecio por los principios que definen nuestra democracia”, declaró Celli en un comunicado.
Otra demanda, presentada por el director de la Voz de América, Michael Abramowitz, sigue pendiente.
Voz de América, fundada en 1942, ofrece programación informativa en 49 idiomas para decenas de países en todo el mundo, incluidos lugares como China e Irán, donde los ciudadanos tienen un acceso limitado al periodismo independiente.
La carta fundacional de Voz de América, cuyo presupuesto ronda los 270 millones de dólares, fue diseñada para proteger su independencia editorial. Sin embargo, el presidente Trump acusó al medio de tener un sesgo de izquierda y eligió a Kari Lake, una aliada cercana y ex presentadora de televisión de derecha, como asesora especial supervisando la agencia matriz.
Desde que retomó el cargo, Trump ha desafiado los límites en sus múltiples intentos de socavar los medios de comunicación estadounidenses.
La Casa Blanca ha impedido que periodistas de The Associated Press asistan a algunas actividades, además comenzó a seleccionar los medios que podían formar parte del grupo de prensa que cubre las acciones presidenciales. Trump y sus aliados también han demandado a varios medios de comunicación.
La semana pasada, un juez federal en Washington bloqueó temporalmente un esfuerzo similar de la administración Trump para cerrar Radio Free Europe/Radio Liberty, otra emisora financiada por el gobierno.
